Evolución de las sanciones de buen gobierno corporativo – caso peruano

Resumo

El proceso de reforma en el sector saneamiento en el Perú ha priorizado la profesionalización de la gestión pública y el fortalecimiento de la gobernanza institucional mediante un cambio disruptivo: la individualización de las responsabilidades administrativas. Al amparo del Decreto Legislativo N.° 1280 (modificado por el D. Leg. N.° 1620), el Decreto Supremo N.° 009-2024-VIVIENDA y el Reglamento de Fiscalización y Sanción de la SUNASS, el organismo regulador cuenta hoy con la potestad legal de sancionar directa y personalmente el patrimonio y la estabilidad laboral de los directores, gerentes generales y gerentes de línea de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS), blindando la gestión técnica frente a la histórica injerencia política de los gobiernos locales.  El presente artículo analiza la evolución estadística, las principales causales y el impacto de los Procedimientos Administrativos Sancionadores (PAS) emitidos entre el año 2022 y junio de 2026, periodo en el que se evaluaron un total de 30 expedientes dirigidos a la plana directiva. Los resultados muestran un comportamiento regulatorio intenso y equilibrado, registrándose exactamente 10 órdenes de remoción del cargo, 8 amonestaciones escritas, 4 multas pecuniarias individuales y 10 archivos de expedientes. El análisis cualitativo revela que el incumplimiento de las condiciones de idoneidad técnica y de los perfiles legales (especialmente bajo los numerales 64 y 126 del reglamento) constituye la principal causa de las remociones directas, operando como una sanción fulminante ante designaciones irregulares de origen. Asimismo, se evidencia una evolución punitiva por parte de la SUNASS, la cual transitó de aplicar amonestaciones escritas como mecanismos de "último aviso" en los primeros años, a imponer multas directas de 0.45 UIT por director hacia el cierre del periodo (2025-junio 2026). Finalmente, la persistencia de focos críticos de reincidencia en algunas EPS demuestra que la fiscalización ex post debe complementarse con la adopción interna y obligatoria de sistemas de compliance corporativo que garanticen de forma preventiva la meritocracia, la autonomía y la sostenibilidad en la prestación del servicio universal de saneamiento.